Infraestructura: un impulso necesario

Catalina Binder

El impulso que en los últimos 18 meses se le ha dado a la infraestructura, motivado principalmente por una coyuntura dramática que estremeció al país, debiera mantenerse en los próximos años, para contribuir desde esta actividad a nuestro desarrollo económico, a mejorar la calidad de vida y a disminuir las brechas que aún persisten.

En este período, los niveles de inversión promedio en proyectos de iniciativa del Estado se han acercado al 3,5%, del PIB, mínimo requerido para cumplir con ese propósito, según estándares internacionales. Este porcentaje debiera mantenerse al menos durante la década que viene, para así lograr la base de infraestructura que se requiere.

Considerando estas necesidades, debemos preguntarnos si el Fisco tendrá los recursos para mantener este nivel de inversión, y la respuesta es clara. El gasto público ha aumentado por la pandemia, la crisis social y económica, y en consecuencia se han elevado sus déficits; los recursos serán escasos y la inversión pública en infraestructura será insuficiente para cumplir con este propósito.

En este contexto, resulta imperioso que el próximo gobierno considere la incorporación de privados, donde existen las disponibilidades para contribuir en este desafío. Inversionistas de diferentes países del mundo han mostrado interés por participar en las últimas licitaciones de obras públicas. Su mirada de Chile en una perspectiva de largo plazo les permite soslayar las incertezas del corto plazo y proyectar sus inversiones hacia el futuro, en el convencimiento de que seguiremos siendo confiables.

La importante recaudación que significa para el Fisco la asociación público-privada, a través del sistema de concesiones de obras públicas, es otro importante factor que considerar. Las re-licitaciones de aeropuertos concesionados representarán una recaudación cercana a los US$ 200 millones anuales y las concesiones viales aportarán alrededor de US$ 19 millones.

A lo anterior debe sumarse la vigencia y vitalidad de la asociación público-privada, y especialmente del sistema de concesiones, demostradas a través de los relevantes montos de inversión impulsados por el Ministerio de Obras Públicas, el cual, con motivo del Plan Paso a Paso, ha convocado al sector de empresas concesionarias a mejorar servicios a través de ampliaciones de contratos por cerca de US$ 2.000 millones. Asimismo, durante 2021 se licitaron y adjudicaron US$ 5.000 millones en proyectos bajo el sistema de concesiones, y para este año tiene en cartera otros por US$ 4.000 millones.

Sin embargo, lo expuesto no disipa la necesidad de considerar ciertas modificaciones al sistema de concesiones ni tampoco nos exime de avanzar en nuevas exigencias para la inversión en infraestructura. Por de pronto, hay que asumir que ésta debe ser un aporte para progresar sostenidamente en el proceso de descarbonización y no un factor adicional de emisiones. De igual forma, las inversiones en el área deben contar con la aceptación ciudadana; es la comunidad la que debe valorar el esfuerzo que se hace para dotar al país de mejoras sustantivas en nuestra capacidad de prestar servicios.

Por último, es necesario insistir en que inversiones de esta naturaleza deben estar disponibles para someterse al escrutinio público en todas sus fases. Una adecuada gobernanza para el sector es fundamental para contar con la confianza necesaria que facilite el pleno despliegue de los recursos disponibles.